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Por Jhoanna Cifuentes (Colombia)*La sociedad civil es un sector fundamental en cualquier decisión gubernamental, pero a menudo no hay una real participación en esa toma de decisiones y en el tema de la agenda climática de los países esta problemática sigue siendo constante. Sin embargo, en algunos países latinoamericanos se están dando avances para que la sociedad civil participe en la construcción de las agendas climáticas nacionales que incluyen las INDC presentadas en esta COP21 [Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima] en París.
Las Contribuciones Determinadas y Previstas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) se refieren a los aportes que un determinado país hace en términos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), pero también pueden incluir estrategias de adaptación, desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnologia. Constituyéndose en un indicador importante del esfuerzo que la comunidad internacional se propone realizar para hacer frente al cambio climático en el marco de un objetivo de no sobrepasar los 2ºC que pondría en riesgo al planeta. Para esta COP21, los países han presentado sus INDC como parte del proceso de construcción del gran acuerdo climático.
En este sentido, durante el evento denominado "Diálogos entre sociedad civil y gobiernos de América Latina” convocado por la Plataforma Climática Latinoamericana (PCL) y organizado por FARN (Argentina), Fundación Futuro Latinoamericano (Ecuador), CEUTA (Uruguay) y Fundación Natura (Bolivia), con el apoyo de la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), se presentaron las experiencias de la participación del sector de la sociedad civil en cinco países de la región que hacen parte del proyecto de Agendas Climáticas Nacionales.
La primera en contar su experiencia fue una representante de Brasil, del Instituto Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) quien contó el proceso de participación de la organización juvenil Engajamundo (que reúne a más de 500 jóvenes de todo el Brasil) en la construcción de una propuesta de las metas que el gobierno de este país debería cumplir para atender a la emergencia climática actual (40% de reducción al 2030 y carbono neutral al 2050). La cual fue presentada al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Ambiente. En este aspecto, comenta que las metas planteadas no fueron atendidas por el gobierno nacional en toda su dimensión, pero que es un proceso importante de acercamiento y de incidencia de la sociedad civil.
Laura Marrero, representante del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (Ceuta), habló sobre los avances que el gobierno entrante de Uruguay ha tenido respecto a garantizar que el cambio climático sea un eje de su gestión, convirtiéndose en una gran ventana de oportunidades para generar acciones de fortalecimiento de la participación de diversos sectores, entre ellos, la sociedad civil. Al respecto, comenta que durante el proceso de construcción de los INDC nacionales hubo una instancia de diálogo con la sociedad civil, pero que la propuesta era cerrada y no era posible la modificación de los planteamientos del gobierno nacional. Sin embargo, el proceso que se ha venido desarrollando es importante para fortalecer los mecanismos de diálogo y las capacidades de las organizaciones, que permita avanzar a instancias de incidencia en las decisiones que se tomen más adelante.
Jorge Martinez, de la Fundación Moisés Bertoni de Paraguay, expuso acerca del apoyo a dos procesos estratégicos para el país que son: 1. la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático y 2. las Contribuciones Determinadas y Previstas a Nivel Nacional (INDC). Para lo cual se ha llevado a cabo un proceso nacional dirigido al fortalecimiento de las redes y plataformas de la sociedad civil sobre cambio climático y también, al diálogo con el Estado sobre la agenda climática. Esto se ve permeado por la prioridad del país en su desarrollo económico y la debilidad en algunos procesos de consulta.
Manfred Kopper de Costa Rica y representante de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) habló sobre la inclusión del sector privado en el proceso de construcción de la agenda climática y la importancia del diálogo entre el sector privado y el sector público. Comenta que hay una necesidad de buscar un norte conjunto y consensuado entre los diferentes sectores para lograr un INDC adecuado a las necesidades y prioridades de la ciudadanía. Asimismo, la inclusión del sector privado puede fortalecer la transformación de los procesos productivos y contribuir a reducciones de emisiones más significativas.
Por último, una representante de la Fundación Natura Bolivia resaltó la experiencia de este país en relación a la movilización e interés creciente de la sociedad civil, especialmente aquella proveniente de zonas rurales, quienes se están viendo mayormente afectadas por las inclemencias del cambio climático. Durante este proceso, 33 autoridades municipales han establecido vínculos con la sociedad civil y han buscado ayudar a transformar la realidad de estas comunidades.
En general, se puede indicar que hay avances en el establecimiento del diálogo entre la sociedad civil y el gobierno. Asimismo, estas experiencias pueden tomarse como un ejemplo a seguir por otros países, además de buscar fortalecer sus procesos para lograr que la sociedad civil se involucre activamente en la agenda política nacional de su país y así incidir en las posiciones políticas de los gobiernos frente al cambio climático.
Para saber más sobre este proyecto visita: http://intercambioclimatico.com/es/dialogo.html
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