Fotoperiodista: Cruz Girón
Este día unos 800 sindicalistas de diferentes sindicatos representados por el Frente Sindical Salvadoreño, que aglutina más de 40 organizaciones sindicales, marcharon pacíficamente desde el parqueo de la Feria Internacional sobre la Av. La Revolución, con dirección hacia el Hotel Sheraton Presidente en la Colonia San Benito, donde se celebra la Cumbre de Ministros de Trabajo de Latinoamérica y participa el Ministro de Trabajo de El Salvador, Humberto Centeno, la finalidad según la dirigente Armida Estela Franco, Secretaria General del STISSS, era entregar a los funcionarios participantes una carta donde demandan diez puntos, pero no les fue permitido el paso por un contingente de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil, y se vieron obligados a concentrarse a poca distancia del hotel, donde se pronunciaron en contra de las medidas anti-sindicales, violaciones a los derechos laborales y las propuestas de ley que según ellos se encaminan a darle continuidad a las privatizaciones en el país, Javier Ayala uno delos dirigentes afirmo que el Ministerio de Trabajo les ha retirado la personería jurídica a dos sindicatos lo que significa una violación al derecho de sindicalización y finalmente organizaron una Comisión a la que le fue permitido el ingreso y entregaron la carta con sus exigencias que se centralizan en diez puntos.
1- Actualización y Implementación del Programa Nacional del Trabajo Decente, a partir de la Promoción de un debate plural e incluyente, que garantice la participación de las diferentes corrientes del pensamiento sindical de nuestro país, con la finalidad de institucionalizar el trabajo decente, como una política de Estado, que contribuya al desarrollo sostenible y sustentable de nuestra sociedad.
2- Respeto absoluto a la Libertad Sindical y Negociación Colectiva, en todos sus manifestaciones como para lo cual proponemos de inmediata revisión del libro segundo del código de Trabajo, a efecto de adecuar nuestra legislación laboral sustantiva y procedimental, a los estándares internacionales reconocidos por la Comunidad Jurídica Internacional, a través de los convenios de OIT. Sobre Libertad Sindical y Contratación Colectiva.
3- Refundación de los espacios tripartitos de Dialogo Social, mediante la aplicación de la representación sindical, la eficientización y transparencia de su funcionamiento, y la redefinición de sus atribuciones, con la finalidad de garantizar una participación efectiva de las clases trabajadoras, en la definición de políticas publicas socio-laborales, que permite avanzar cualitativamente en el desarrollo de la democracia participativa de nuestro país.
4- Reactivación del Foro para la Concentración Económica y Social, como la principal instancia del dialogo y concentración social en nuestro país, que permite superar el vacío institucional generada ante el fracaso del Consejo Económico y Social, y lograr por la vía de concentración social, formular un plan de nación que permita enfrentar exitosamente los retos de la mundialización de la economía el cambio climático, y el subdesarrollo.
5- Rechazo a la ley de Asocios Públicos-Privados, las organizaciones sindicales por este medio expresamos nuestro más enérgico rechazo ante el proyecto de la ley de Asocios Públicos-Privados, que representa la continuidad de las políticas de privatizaciones de los servicios públicos, y el despojo de los bienes del Estado en detrimento de los intereses nacionales, para favorecer los intereses corporativos de las grandes empresas multinacionales, que son las responsables del deterioro social y medio ambiental de nuestro país.
6- Apresurar la entrada en vigencia de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, como una forma de garantizar la seguridad ocupacional de los trabajadores y mejorar los niveles de productividad de las empresas, esta normativa que desarrolla los principios contenidos en el convenio 155, de la OIT, representa un avance significativo en la institucionalización del trabajo decente en nuestro país y sus aplicación en una necesidad que no debe seguir postergándose, puesto que cada vez que se prorroga su entrada en vigencia, se aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores y se incrementa el costo que debe asumir el Estado, producto de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
7- Fortalecimiento de la Administración Publica de Trabajo, que garantice la protección efectiva de los derechos laborales de la clase trabajadora, y ejerza una rectoría eficaz del sector trabajo y previsión social, con miras a construir una política socio -laboral, que contribuya al desarrollo económico y social de nuestro país, para lo cual es indispensable reforzar la asignación presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, y adecuar su estructura organizativa y funcional, a las exigencias propias del nuevo sistema de relación de trabajo, surgido a partir del desarrollo tecnológico, y las nuevas formas de organización de la producción.
8- Establecimiento de un nuevo orden económico basado en los principios de justicia social, tal como lo establece el articulo, 101 de la Constitución. La crisis del capitalismo global, pone a los gobiernos la imperiosa necesidad de avanzar hacia el establecimiento de un nuevo orden económico, que privilegie el respeto a la dignidad del ser humano, la preservación del medio ambiente y el respecto a los derechos humanos, como los pilares de una nueva arquitectura económica y social, que permita satisfacer con justicia y dignidad las necesidades de los trabajadores y sus familiares, por lo tanto, exigimos la Presidente Mauricio Funes, abandonar la continuidad de las políticas neoliberales impuestas por los organismos financieros internacionales, e iniciar la construcción de un nuevo modelo de desarrollo incluyente, sostenible y sustentable, que responda al anhelo de cambio de los salvadoreños.
9- Formulación y Ejecución de una política Nacional de Empleo, que promueva la creación de trabajo decente, erradicando de nuestro medio las practicas de flexibilidad laborales tales como: la subcontratación, la intermediación y la tercerización laboral que precarizan el empleo condenando a la pobreza a los trabajadores y sus familias.
10- La formulación e Implementación de una política salarial, que permita combinar el ajuste periódico del salario minimo, al costo de la canasta básica de Mercado, con el fenómeno de la contratación colectiva que permita mejorar los niveles salariales de los trabajadores sindicalizados, lográndose una reactivación de la actividad, económica mediante el incremento de la capacidad de consumo de la población trabajadora.
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